¿Es posible un capitalismo nacional?. Por Javier Azzali

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“Tenemos industria luego nuestra Nación existe”, decía Scalabrini Ortiz para explicar la vinculación entre la industrialización del país y su liberación nacional.

La ruptura de la dependencia económica consiste en abandonar el destino impuesto de abastecedores de materias primas de las potencias hegemónicas y consumidores de sus manufacturas. Dejar de ser la granja del mundo y pasar a ser una Nación con industrias propias, desafiando la división internacional del trabajo imperialista. Históricamente se le atribuye a la burguesía nacional el rol de promover el desarrollo de las fuerzas productivas, la inversión ampliada y el mercado interno, mientras capta la rentabilidad generada sometiendo a la clase trabajadora. Pero en nuestra historia tal tarea burguesa no fue realizada: por impotencia propia y por influjo externo. El peronismo del 45 impulsó fuertemente la soberanía económica y el desarrollo industrial nacional, pero el empresariado local beneficiario de esa política en el 55 se puso del lado de los golpistas. Su vocación por ser patrones y el miedo al avance movimiento obrero fue más fuerte que una débil conciencia nacional. Lo mismo ocurrió en el tercer gobierno peronista con la caída del pacto social de Gelbard. La dictadura cívico militar de 1976 con su plan de liberalización y represión planificada por vía del terrorismo, destruyó el aparato productivo, persiguió al sindicalismo más combativo y dio inicio al ciclo de la especulación financiera, mientras los industriales locales se dedicaron a vender sus activos al extranjeros y fugar capitales.

Pero ¿Es posible ahora una burguesía nacional?

“Es imposible un proyecto de país si no consolidamos una burguesía nacional” dijo Néstor Kirchner en 2003. Pero pese a ello y al crecimiento de los últimos diez años el mapa económico del país muestra una fuerte concentración y extranjerización del aparato productivo, legado no revertido del modelo neoliberal. Junto al crecimiento del producto bruto y las manufacturas, nuestro país acentuó la producción en las ramas donde se destaca el dominio del capital extranjero, especialmente en el sector automotriz –la industria estrella del modelo de acumulación actual–, la agroalimenticia, la petroquímica, la minería, siderurgica. Sus exportaciones generan un importante ingresos de divisas, pero al ser mayoritariamente producidas por multinacionales son fugadas como remesas de utilidades o por medio del fraude de importaciones sobrefacturadas. Es que los consorcios multinacionales responden a las directivas e intereses de los países centrales, en los que a su vez manda la banca financiera internacional y tienden a funcionar como una correa de transmisión de la crisis del capitalismo mundial. Lejos están de ser como se presentan a sí mismas, o sea mero capital privado, sino más bien son capitales nacionales de países imperialistas (EUA, Gran Bretaña, Alemania, Holanda, etc.). A su vez, la presencia del capital concentrado es tan fuerte que no sorprendió la revista Forbes cuando publicó que el patrimonio de los 15 empresarios argentinos más ricos es casi igual a las reservas del Banco Central.

Frente a estos grupos poderosos, el empresariado local cuya suerte está atada al mercado interno y su interés es la reinversión productiva, es débil, aunque registre mayores niveles de inversión relativa y de empleo que la cúpula concentrada: no puede desarrollarse en forma autónoma ni constituirse en burguesía nacional. De este modo la concentración y extranjerización del alto empresariado es un factor de dependencia externa y debilidad del Estado.

Hacia una economía nacional popular

La pregunta sobre la burguesía nacional abre el interrogante más de fondo sobre la viabilidad del capitalismo nacional en los países latinoamericanos, donde la fuga de capitales y la primarización de sus economías son una cuestión central como resaltó la CEPAL en su último informe. A nuestro juicio, las respuestas ensayadas abren en la actualidad caminos en donde asoman la vía desarrollista o nacional burguesa de un lado –con protagonismo del actual empresariado concentrado–, y la nacional popular por otro, con la posibilidad de un capitalismo de estado protector del interés nacional, la justicia social y la construcción de la Nación Latinoamericana y del Caribe, y protagonismo de los trabajadores y los sectores populares.

Esta encrucijada explicaría algunas de las contradicciones que aparecen en enunciados tales como nacionalizar no es estatizar o en el insistente rechazo a un estado empresario, mientras a la vez se reivindica como medidas centrales la recuperación del sistema previsional, la aerolínea de bandera y el control público de YPF. Sin embargo, en nuestra opinión, la ausencia o impotencia histórica de una “burguesía nacional” coloca al Estado en un rol central para hacerse cargo de una política industrial. Algunas medidas podrían ser la recuperación de una siderurgia estatal o una nueva ley de inversiones extranjeras en la que se disponga, tomando como antecedente la de 1973, el control nacional de la creación y circulación de capital y limitación para el capital extranjero de intervenir en áreas declaradas estratégicas. También la recreación de una amplia franja de empresas estatales responsables de planificar y promover el desarrollo productivo del país mediante una fuerte inversión en tecnología, el control público del comercio exterior y la ampliación masiva de los circuitos de economía popular. Ese rol activo y central del Estado es la condición para la defensa del interés nacional, la soberanía económica y la justicia social, “con burguesía, sin burguesía o contra la burguesía”, como dijo alguna vez Jauretche. En conclusión, no está mal preguntarse sobre la conciencia de los empresarios, pero no para terminar llorando sobre la leche derramada –o la burguesía nacional que no fue– sino para actuar en consecuencia y definir si dejamos atrás la economía de la dependencia y avanzamos hacia una economía nacional.

Fuente:  http://www.spopulares.com.ar

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