Los Fondos buitre contra la Argentina

· Economía, Política, Sociedad
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Fondos Buitres vs. Argentina

Por Jorge Horacio Gentile * y María Belén Ferreira Centeno **

El embargo a la Fragata Libertad nos hizo caer en la cuenta de que nuestro crédito internacional depende de la justicia norteamericana.
El gobierno argentino emitió en 1994 títulos de deuda, conforme al Fiscal Agency Agreement (FAA Bonds), acuerdo que prohíben al emisor de deuda otorgar a futuros acreedores garantías o condiciones más favorables que al resto de los adquirentes de dicho empréstito, lo que se conoce como cláusula pari passu.
Los bonos cayeron en default con la crisis del 2001 por lo que la Argentina ofreció un canje de deuda a los tenedores de estos títulos en 2005, lo que repitió en 2010, en el que se reducían los montos y se diferían los pagos que fue aceptado por el 93 por ciento de los mismos. Muchos que no aceptaron los canjes, unidos en lo que se dio en llamar “fondos buitre”, demandaron en una Corte de Nueva York el pago de toda la deuda y que se haga cumplir la cláusula pari passu, es decir, que todos los bonistas cobren el cien por ciento de la deuda.
Al igual que nuestra organización judicial, la de Estados Unidos tiene una justicia federal y otra estadual (provincial en nuestro país). La Federal está ejercida por una Suprema Corte, de nueve jueces, y los demás tribunales interiores distribuidos en el territorio de los cincuenta estados, donde hay 94 Cortes de Distrito, integrada por 677 jueces, que atienden los juicios en forma unipersonal, aunque en casos muy excepcionales está previsto que actúen tres. Hay también trece Cortes de Circuito con 179 jueces, once en los estados, una en el Distrito de Columbia y otra en el Circuito Federal, donde se apelan los fallos de las Cortes de Distrito y de las agencias administrativas, y actúan como tribunales colegiados, de tres miembros. A estos jueces federales, igual que en Argentina, los designa el presidente con acuerdo del Senado y duran en su cargo mientras dure su buena conducta.
El Estado de Nueva York tiene cuatro cortes de distrito (norte, sur, este y oeste), integradas por 52 jueces. El juicio de los bonistas se tramita ante el juez Senior Thomas Poole Griesa, de la Corte del Distrito Sur, nacido en 1930 y designado en 1972 por el Presidente Richard Nixon, que fue presidente durante más de una década de dicha Corte y que desde el año 2000 asumió como juez Senior. La categoría de Senior la adquieren los jueces cuando tienen antigüedad y edad avanzada, y consiste en una especie de “semi-retiro”, que les permite atender un número reducido de causas (un cuarto del resto de sus colegas), mantener su despacho y el mismo salario que los demás jueces.
El 7 de diciembre de 2011 Griesa falló a favor de los actores ( los fondos NML Capital, Aurelius Capital, y algunos actores individuales) y declaró que Argentina había violado la cláusula de pari passu y le ordenó pagar la parte que correspondía a los tenedores de bonos en default, al mismo tiempo, o anticipadamente, que pagara intereses de la deuda que emitió como parte de los canjes de 2005 y de 2010, extendiendo la orden a “todas las partes involucradas, directa o indirectamente, en el asesoramiento, preparación, procesamiento o facilitación de pagos” de los nuevos bonos.
Argentina apeló esta decisión ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, que entiende sobre los fallos de las Cortes de Distrito de los estados de Nueva York, Connecticut y Vermont, y está compuesta por trece jueces. Los jueces del panel que atienden esta apelación son: Rosemary S. Pooler; Barrington Parker y Reena Raggi.
Estos tres jueces confirmaron las órdenes emitidas por el juez Griesa y declararon que Argentina había violado la cláusula pari passu. No obstante ello, ordenaron la devolución del expediente al juez Griesa para que aclarara cómo se debía calcular el monto de lo que Argentina debía pagar y para que identificara quiénes son los agentes involucrados en el mecanismo de pago de la deuda a los que pretendía hacer extensiva la orden de cumplimiento. Frente a ello, Argentina solicitó la revisión en banc de la sentencia, en relación a la declaración de incumplimiento contractual y violación de la cláusula pari passu. Esto significa que todos los jueces activos del Circuito, si la mayoría estuviera de acuerdo, revisarán la decisión y emitirán un nuevo fallo.
Pero para que esta revisión sea aceptada, el caso debe ser de “extrema importancia” o porque sea necesario uniformar criterios, o corregir errores en la aplicación de un precedente de la Suprema Corte. En las Cortes de Circuito es muy raro que se concedan este tipo de revisiones, y en el caso de la Corte donde está este pleito, entre los años 2000 a 2010, sólo se escucharon ocho casos en banc sobre un total de 27.856 que se le solicitaron, es decir, menos de un por ciento. El pedido de revisión en banc de Argentina, aún no está resuelto.
Por otro lado, el juez Griesa resolvió el 21 de noviembre pasado las cuestiones que le habían sido solicitadas por el Tribunal de Apelación, y que a la fecha se encuentran nuevamente pendientes de revisión ante la Corte de Apelaciones, ya que han sido cuestionadas por la Argentina. A tal fin, los plazos para presentar los escritos de las partes y terceros interesados ha finalizado, y la Corte ha fijado el día 27 de febrero como la fecha para celebrar la audiencia oral, previendo sólo veinte minutos de exposición para los actores y quince para la Argentina. Después de la audiencia, el tribunal deberá fallar, y confirmar o no la dura condena para el Estado argentino del juez Griesa.

Córdoba, febrero de 2013.

* Abogado, Profesor de Derecho Constitucional UNC y UCC.

** Abogada

 

Fuente:  paginasdelsur.com.ar

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