“La conquista del desierto”, por Mariano Naguy

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La Conquista del Desierto (1878-1885) es un tema abordado con frecuencia por la historia argentina, aunque más bien ligado a su aporte para la consolidación de la soberanía territorial del estado nacional sobre un ámbito geográfico que consideraba propio, y para la incorporación plena en el mercado mundial como exportador de materias primas, en el marco del desarrollo de las relaciones capitalistas. En cambio, no es un tema muy popular en referencia a las consecuencias de estas campañas para los pueblos indígenas. Básicamente se pasa de la “solución del problema del indio” a la incorporación de tierras, al desarrollo de los ferrocarriles, y al arribo de capitales e inmigrantes, proceso que como resultado permitió constituir a una Argentina moderna conectada con el mundo. En dicho relato con tinte triunfalista y evolucionista, determinados acontecimientos y políticas desplegadas por las autoridades, si bien difundidas en algunos casos en los medios gráficos de aquel entonces, se han tornado en lo que Michel Troulliot (Silencing the Past. Power and the Produccion of History. Boston: Beacon Press, 1995) denomina “no eventos”. Surgida como justificación del avance estatal y el sometimiento indígena, esta “gloriosa leyenda” nutrida de patriotas, épicos y abnegados militares, se tornó hegemónica hasta no hace tanto tiempo gracias a su difusión y socialización en distintos espacios en los cuales se nutre lo que vulgarmente se denomina el sentido común o el imaginario colectivo de los argentinos. Con el paso del tiempo, una perspectiva más contemplativa de las consecuencias de las campañas militares contra los aborígenes, calificó a los hechos como un genocidio, porque en ella “Roca mató a todos los indígenas”. Así, una pretendida crítica, paradójicamente terminó concluyendo junto a su predecesora en la eliminación y/o extinción del indígena en nuestro país. En los últimos años, a partir de una serie de investigaciones y de la propia intervención y visibilización indígena en la arena pública, se ha echado por tierra tanto aquella visión celebratoria como la idea de la desaparición de los originarios. Esto fue posible por el hallazgo de importante documentación escrita y por la construcción de fuentes orales que emergieron, en un contexto social más receptivo, no solo para refutar la supuesta extinción sino también para exigir reparaciones y recuperaciones del territorio ancestral, en el marco de políticas y normativas internacionales que han reconocido a los pueblos indígenas.

Pensar la Argentina Suele causar sorpresa el cuestionamiento del mito popular que sostiene que los argentinos sólo “descendemos de los barcos”, y esto esta ligado a las políticas homogeneizantes que construyeron una idea de país de exclusiva procedencia blanca y europea. Dicha noción estuvo sustentada por una sistemática y vasta operación que incluyó diversos elementos entre los que pueden señalarse una enseñanza de la historia patriótica dedicada más a la reproducción de mitos que al análisis de los procesos, el despliegue de un sistema educativo centralizado que difundió ciertas ideas nacionalistas, la reglamentación del servicio militar obligatorio y una política gubernamental atenta a intervenir en el espacio público a través de estatuas, monumentos, actos de recordación y homenaje en los cuales se propendió al ensalzamiento de los próceres y las hazañas de una argentina visualizada no como el resultado de acontecimientos históricos, sociales y políticos, sino como una esencia que siempre estuvo allí a la espera de que sus habitantes dejaran sus diferencias para construir un destino de grandeza que la historia le deparaba. De ese relato patriótico, los indígenas (aunque no sólo ellos) fueron eyectados y traslados al pasado, abordados como piezas de museo, caracterizados como grupos fijos sin cultura y con características relacionadas íntimamente con su supuesto “ámbito natural” de pertenencia, y estudiados ya no por la historia, sino por la arqueología que los traslado hacia un pasado remoto. Sin embargo, desde hace un buen tiempo, las identidades nacionales dejaron de pensarse como una relación “natural” entre un pueblo y un territorio, y en cambio se las comprende como producto de acontecimientos y construcciones políticas y sociales. En ese proceso, las elites determinan un “nosotros” y expulsan a “otros” que no integrarán ese colectivo nacional. Lo curioso de dicha operatoria reside en que si bien fija “un pueblo” a un supuesto territorio de pertenencia legítima, no procede de igual modo con los “otros internos” (los indígenas), es decir con aquellos grupos considerados por fuera de la nacionalidad que se construye, pero que habitan ese espacio geográfico considerado propio. Así se explica que los aborígenes fueran calificados como “bárbaros”, “salvajes” y “elementos de una etapa a punto de extinguirse” que obstaculizaban el progreso y el avance de la civilización. De ese modo se preparaba el terreno para dotar de legitimidad su sometimiento.

En los últimos años de la década de 1870, durante la presidencia de Nicolás Avellaneda, los sucesivos ministros de guerra, Adolfo Alsina y Julio Roca avanzaron sobre los aborígenes y a diferencia de lo que se ha difundido masivamente, la relación entre sometidos y asesinados fue de diez a uno. Con esto, no se trata de negar los asesinatos, que los hubo y muchos, sino enfocar en las prácticas genocidas implementadas con los miles de indígenas que quedaron a disposición de las autoridades. Los detenidos comenzaron a ser deportados hacia cuarteles y galpones de la capital y hacia uno de los mayores campos de concentración de indígenas que funcionó, por lo menos con ese fin, entre 1871 y 1886: la isla Martín García. En muchas ocasiones, los traslados se hacían a pie y los que no resistían morían en el camino. Para los que sobrevivían, arribaban en condiciones desastrosas, aunque lo que no debe soslayarse es que la última intención no era su exterminio sino su posterior aprovechamiento como “cuerpo disponible”. Es decir, si bien no existía una extensa preocupación y lamento por la muerte de algunos indígenas, los campos instalados procuraban la ruptura de los lazos comunitarios, la deshumanización y su posterior utilización como mano de obra, no perpetrar una masacre generalizada. Para el caso particular de Martín García (existieron además otros campos de concentración, como Puan en Buenos Aires, Valcheta y Chichinales en Río Negro), se procuraba la clasificación de los detenidos de acuerdo a su edad, género y sobretodo, en función de su aptitud para el trabajo. Así los que estaban en condiciones físicas ingresaban a la isla bajo la categoría de “indios presos” y quienes no cumplían con los requisitos, eran calificados como “inútiles o débiles” y eran considerados “indios de depósito”. Muchas de las órdenes imponían que los detenidos fueran dirigidos a los “trabajos de la isla” sin especificar a que tipo de labor se hacía referencia, sin embargo si se tiene en cuenta que la isla fue una gran cantera que permitió extraer la mayor parte del adoquinado de las calles porteñas, no sería aventurado arriesgar que muchos de los aborígenes recluidos, eran destinados a picar piedras. Al mismo tiempo, los hombres eran incorporados a la incipiente Armada para lo cual eran entrenados en barcos apostados especialmente en la isla, o al servicio de armas en el Batallón de Artillería de Plaza, regimiento que por orden de Luís María Campos, el jefe de la Inspección y Comandancia General de Armas (ICGA) borraba la identidad de los indígenas: “que siendo indios que algunos ni tienen nombre, se acepta el medio que indica de darles uno…” (Archivo General de la Armada –AGA-, Caja 15273, 23 de mayo de 1876). A partir de esta estrategia de imposición de un nombre español, cabe preguntarse cuántos descendientes desconocen sus historias familiares y/o su ascendencia indígena. Para el resto de los hombres, el destino pudo estar en cualquier otro punto del país donde diversas actividades productivas demandaran brazos. Viñedos, ingenios azucareros, estancias y hasta astilleros fueron algunos de los lugares donde los nativos fueron repartidos a los empresarios de cada uno de los sectores que así lo solicitaran. El sistema de distribución no tuvo como víctimas sólo a los varones, sino que permitió el reparto de mujeres y niños que eran incorporadas al servicio doméstico por parte de las clases dominantes. Este aspecto es uno de los más documentados, y a diferencia de lo ocurrido con la última dictadura militar (1976-1983), el botín de guerra no era parte de una política clandestina, sino que tenía amplia difusión al anunciarse en los diarios de la época. El procedimiento consistía en el anuncio o aviso en los diarios, del arribo de contingentes indígenas desde la isla, y cuando esto se concretaba, distintos miembros de las elites se presentaban con cartas de recomendación o solicitudes bien precisas acerca de cantidades y tipo de servidumbre que deseaban. En respuesta a tal demanda, las autoridades hacían la entrega de las cantidades y tipos solicitados: “Sírvase usted disponer sean entregados al Señor Don Gregorio Torres once indios de los existentes en esa isla, con sus mujeres respectivas e hijos. Dios guíe a usted, Luís María Campos [Sobre el margen izquierdo de la orden]: En marzo 13 se entregaron al apoderado del Dr. Torres 4 indios, 4 chusmas y 7 criaturas. (AGA, caja 15279, 12 de marzo de 1879)” “Indios. Mañana se espera un gran número de indios de chusma con procedencia de la frontera” Diario La Prensa, 10 de enero de 1879. “Entrega de indios”: “Los miércoles y los viernes se efectuará la entrega de indios y chinas a las familias de esta ciudad, por medio de la Sociedad de Beneficencia” Diario El Nacional, 31 de diciembre de 1878. “Llegan los indios prisioneros con sus familias. La desesperación, el llanto no cesa. Se les quita a las madres sus hijos para en su presencia regalarlos a pesar de los gritos, los alaridos y las súplicas que hincadas y con los brazos al cielo dirigen las mujeres indias. En aquel marco humano, unos se tapan la cara, otros miran resignadamente al suelo, la madre aprieta contra el seno al hijo’ de sus entrañas, el padre se cruza por delante para defender a su familia de los avances de la civilización”. (Diario El Nacional 1878, en Osvaldo Bayer (coord.) Historia de la crueldad argentina. Julio A. Roca y el genocidio de los pueblos originarios. Ed El Tugurio 2010).

El historiador Enrique Mases cita un artículo del diario “La Nación” titulado “Espectáculo bárbaro”, en el cual el cronista describía como personas con cartas procedentes del Estado Mayor del Ejército, reclamaban uno o dos indios, antes de que estos desembarcaran y les eran entregados de inmediato y se refería a la desgarradoras escenas que se suscitaban al arrebatarse “los hijos a las madres, que como nadie las comprendía, trataban en vano de detenerlo en medio del llanto general”. (Diario La Nación, 31 de octubre de 1885, en Mases Enrique. Estado y Cuestión indígena. El destino final de los indios sometidos. Prometeo 2002). Tanto este último fragmento citado por Mases como el anterior de Bayer incluyen la dicotomía civilización o barbarie, en ambos casos, desde la ironía de los periodistas que cubrían el hecho, que se manifestaban críticos con las políticas de repartimiento que el gobierno llevaba a cabo. De ese modo, uno de ellos establece que las familias indígenas intentaban impedir el reparto defendiéndose del “avance de la civilización” y en el caso de La Nación titulando como “Espectáculo Bárbaro”, no a los indígenas, sino como descripción del sistema de distribución. De modo que además del reparto de las tierras en pocas manos, teniendo en cuenta que los cálculos coinciden en que menos de dos mil personas se quedaron con más de cuarenta millones de hectáreas entre 1876 y 1903, la Conquista del Desierto también repartió los cuerpos de los vencidos, quienes invisibilizados, obligados a abandonar sus prácticas culturales, separadas sus comunidades y unidades familiares, impedidos de reproducirse física y socialmente, confinados, deportados y distribuidos, los delitos perpetrados en su contra coinciden en cada uno de sus pasos con la definición propuesta por la Organización de Naciones Unidos (ONU) para el crimen de genocidio. Los pueblos indígenas fueron expulsados del “gran relato” de la historia oficial, que sostuvo con éxito la extinción o la “civilización” de los escasos indígenas que quedaban. Ha pasado más de un siglo entre aquella práctica genocida de las campañas militares, y sus consecuencias siguen vigentes en la negativa a sus reclamos, en los fallos judiciales que niegan la existencia de aborígenes en nuestro país y en el sentido común de los argentinos, que sigue viendo a los “indios” como seres del pasado, marginales o como un pequeño grupo de sobrevivientes en determinadas y específicas regiones de la Patagonia y el Chaco. Hasta tanto no podamos revisar la historia de la Conquista del Desierto y las prácticas políticas aplicadas para la consolidación del estado nación argentino con los pueblos indígenas, los interrogantes y las interpelaciones hacia ese colectivo denominado “los argentinos” seguirán envueltos en un mar de dudas, negaciones y borramientos.

Así, difícilmente podamos convivir y comprender a nuestra nación como diversa y pluricultural, y la transitaremos con lo que Ana Ramos redefine (siguiendo a Landowsky) como “la semiótica de la sospecha” es decir aplicando un dispositivo hegemónico muy efectivo para regular la movilidad y el reclamo aborigen, estableciendo los límites que tienen “ciertos otros” para organizar sus propios recorridos y cuestionar las relaciones existentes. Entonces, cuando en la actualidad los grupos subalternos traspasan dichos límites impuestos, los discursos dominantes “plantean –o insinúan- que la alteridad que los hace ser lo que son no está constituida a fin de cuentas sino de apariencias o, peor, que no es sino una ‘farsa’ (Ana Ramos. Los pliegues del linaje. Memorias y políticas mapuchestehuelches en contextos de desplazamiento. Eudeba, 2010).

Fuentes: http://www.coloquio.com  y  www.congresojudio.org.ar

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